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Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

01. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

02. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

03. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

04. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

05. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

06. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

07. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

08. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

09. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Asco y vergüenza ante un nuevo derrame de Repsol en la Amazonía ecuatoriana. Ya me tienen hasta los cojones, esto debería llamarse TERRORISMO.

La campaña Afectad@s por Repsol-YPF, de la que forma parte Ecologistas en Acción, muestra su asco y vergüenza ante el derrame del oleoducto OCP en Ecuador. Este oleoducto ya había sido denunciado en numerosas ocasiones por la campaña.

De nuevo, en silencio, tragamos lágrimas y saliva al ver la Amazonía ecuatoriana teñida de negro, por los más de 14.000 barriles de petróleo derramado del Oleoducto de Crudos Pesados. derramados en la oscuridad del 27 de febrero.

La incompetencia de la compañía es de semejante magnitud a los impactos del derrame, pues enterada del accidente, no cerró a tiempo las válvulas del oleoducto. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador se afectó gravemente la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y en las poblaciones de San Carlos y San Luis, cercanas al río Quijos, se observaron parches de crudo 72 horas posteriores al derrame y no existieron acciones correctivas por parte de la OCP.

A la memoria nos vienen tantos pronunciamientos y advertencias hace apenas media década, cuando en plena construcción del OCP, conocido ya entonces como Oleoducto de Contaminación y Pobreza, organizaciones de todo el mundo criticaban la seguridad de este tubo construido a las prisas.

Había millones de barriles enterrados en la selva que empresas como Petrobras, Repsol-YPF o Perenco necesitaban comercializar para engrosar sus voraces bolsillos. Había también muchos bancos, como el BBVA, el City Group o el West LB que se beneficiarían con unos intereses para engrosar sus también voraces cajas fuertes. ¡Todos querían dinero y lo querían ya!

Por eso militarizaron la construcción del Oleoducto y encarcelaron a jóvenes ecuatorianos que, encaramados a los árboles de Guarumos, se negaban a que el pueblo de Mindo fuera pasto de derrames de ahora en adelante. Y en Lago Agrio también reprimieron las mobilizaciones de una población que se pronunció en contra de este proyecto. Pero tenían prisa.

El OCP era negocio y excusa para ampliar la frontera petrolera y los dominios transnacionales por la cuenca amazónica. Todos querían su trocito de pastel!

Ahora, de nuevo, la impunidad ambiental sobrevuela los valles ecuatorianos, mientras en los afluentes del río Napo, toneladas de crudo impregnan la vegetación y cualquier bicho que se acerque. Y en los lechos de los ríos se depositan todo tipo de hidrocarburos en sus diferentes estados, para envenenar lentamente a toda la cadena trófica de la selva ecuatoriana.

Y poblaciones como Coca, de 30.000 habitantes se quedan sin suministro de agua, por no hablar de las comunidades indígenas, las cuales sólo se les permite salir en la foto de algún cínico informe de RSC.

Ante tanta muerte, ¿quién paga el entierro?

Desde la Campaña internacional de Afectad@s por Repsol-YPF exigimos:

Una Auditoría ambiental completa, seria, independiente y competente para evaluar todos los impactos presentes y futuros del derrame.

Juicio penal a los directivos de las empresas que forman el consorcio OCP, por crimen ambiental y delitos a la salud pública.

Paralización indefinida del flujo de crudo a través del OCP hasta que la Justicia no haya juzgado y condenado a los culpables.

Con la expulsión de la compañía Occidental como precedente, expulsar también, de una vez por todas, a la compañía Repsol YPF del país. Existen demostrados motivos económicos, sociales y ambientales para que Ecuador ejerza la soberanía en su territorio y se libere de una empresa que tanto daño ha hecho a esta nación.

Y es tarea de todos y cada uno de los países importadores de petróleo, implementar medidas urgentes para transicionar a formas de vida independientes a la violencia y contaminación que lastimosamente siempre acompañan al negro combustible.